La nueva ley va a obligar a las empresas de los sectores de suministro de agua, gas o electricidad, servicios de transporte de viajeros y comunicaciones electrónicas, entre otras, a contar con una atención telefónica "gratuita, ágil y personalizada". "Hay un grado de insatisfacción, yo diría generalizado, con el grado de información que reciben los clientes de este tipo de empresas, que dan servicios públicos importantes y cuyos mecanismos de información al cliente, de reclamaciones o contestación a las reclamaciones dejan mucho que desear".
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