La ley ómnibus, que es como se ha bautizado este contenedor de cambios legales, va más allá de remendar los conflictos entre la directiva europea y la normativa estatal. El Gobierno pretende dar un empujón a la competencia en los servicios, un sector que concentra cerca del 70% del empleo y 65% del PIB. Y también algunos de los males de la economía española, como baja productividad y precios excesivos. Un estudio divulgado por el Ministerio de Economía calcula que la supresión de cargas administrativas y la eliminación de obstáculos...
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