Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema. O sea que tenemos argumentos legales de sobra para que se considere el límite presupuestario una injerencia arbitraria que lesiona nuestro derecho fundamental de asociación. Moraleja: que los partidos sepan que al minuto siguiente de que se apruebe la ley nos vamos al Defensor del Pueblo y a donde haga falta.
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