LA sola idea de que la Audiencia Nacional pueda acabar juzgando a los militantes de EA que instalaron un receptor de TDT en del repetidor del Perdón pone simplemente los pelos de punta. Que la Abogacía del Estado pida que sea un tribunal de excepción, especializado en temas de terrorismo y narcotráfico, el encargado de tratar una acción que no busca más que que un determinado grupo social pueda acceder a un medio de comunicación parece el colmo de los absurdos.
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