La Justicia investiga por qué la funeraria pública privatizada cobra a los ciudadanos el doble que a las aseguradoras. Una firma de capital riesgo se quedó con la gestión de los servicios funerarios públicos de León, y los políticos supervisan complacientes sus altísimos precios, mientras un ágil comisionista cobra abultadas facturas por etéreos servicios y un enterrador que se ha negado a practicar abusos ha sido castigado. Un concejal díscolo ha decidido denunciar esta situación.
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