En primer lugar, cabe mencionar la importante incidencia que ha tenido sobre la materia la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003. En ella, el Ministerio Público entiende que las descargas de copias de obras protegidas realizadas a través de Internet mediante el uso de programas de intercambio de archivos P2P, sin el consentimiento de los titulares de los derechos correspondientes, no son constitutivas de delito.
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