Las bandas que se dedican al robo de cables de cobre y piezas de metal pagan suculentas comisiones a sus informadores, por lo general niños y ancianos de familias que se encuentran en una situación económica muy precaria. A cambio de facilitar datos sobre las instalaciones y las obras donde pueden realizar un golpe, reciben un porcentaje sobre el botín obtenido. Una práctica ilícita que corroboran algunas de las empresas de seguridad contratadas para vigilar edificios en construcción, estaciones de ferrocarril y sus obras de remodelación.
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