Fuentes de la investigación aseguraron a este diario que, en agosto, el electricista Manuel Fernández Castiñeiras volvió a verse con el juez instructor para añadir que si secuestró el Códice fue porque siguió las directrices que le marcaron tanto el deán, José María Díaz, como “otro administrador”. La finalidad de tal operación (en realidad ampliamente conseguida) sería publicitaria: dar repercusión, fama y nuevos bríos al mausoleo apostólico, cuya recaudación baja de forma notoria en los años ordinarios, es decir, los que no son santos.
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