Si hay una cosa que el Gobierno no podía ignorar es que la fijación de una fecha arbitraria, a partir del decreto ley, para recibir la nueva ayuda de 420 euros destinada a trabajadores que hubiesen agotado la prestación por desempleo iba a suponer la exclusión de una parte importante de ellos. Un primer borrador cursado por el Gobierno a los interlocutores sociales cifraba para un periodo de seis meses, entre octubre de 2009 y marzo de 2010, la cantidad de 453 millones de euros para un colectivo de 200.000 beneficiarios.
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