Los países musulmanes han echado a andar una vasta operación diplomática para imponer sus designios en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quieren plantarle a la comunidad internacional el equivalente a un tribunal de facto, susceptible de sancionar toda presunta difamación al Islam. La maniobra criminaliza el derecho a disentir con las religiones, sostenido por el principio de la libertad de expresión, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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