Como los jueces españoles tienen la mala costumbre de respetar la legalidad y, sentencia tras sentencia, están dando la razón a las webs de enlaces P2P, la nueva macroley anulará este penoso trámite –también conocido como juicio justo– para que sea directamente el Ministerio de Cultura quien decida qué paginas hay que cerrar en caso de piratería. El precedente es aterrador. Acaba con la presunción de inocencia y deja abierta la peligrosa puerta de la censura.
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