España es el cuarto Estado del mundo con más condenas por violaciones del pacto de derechos civiles y políticos. Que la tortura, sobre todo la que se comete desde el aparato institucional, es una de las lacras más terribles que puede incubar una comunidad política, es algo que nadie se atrevería a negar públicamente. ¿Cómo se explica entonces que la reciente condena de tres mossos por abusar de un ciudadano rumano, al que confundieron con un atracador, haya generado un inusual cierre de filas entre la clase política?
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