En este contexto [la visita del Papa], una de las cuestiones que vuelve a plantearse es hasta qué punto el poder público puede comprometer su relación de colaboración con la Iglesia católica, como ha sido ahora el tener el centro de Madrid bloqueado al tráfico regular durante una larga semana, en la que edificios públicos han hecho ostentación de mensajes religiosos, que por muy respetables que sean forman parte de las creencias privadas de un sector de la población que, en ningún caso, pueden implicar al Estado
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