Los expertos creen que el derecho al agua debería incorporarse a la legislación internacional y a las constituciones nacionales, que se garantice el suministro del agua no solo para el abastecimiento humano, sino también para la producción de alimentos y que la garantía de la disponibilidad de los recursos comience por la protección de las fuentes existentes frente a la contaminación y el deterioro por un uso inadecuado.
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