La Audiencia de Cantabria juzga este lunes al representante de una constructora acusado de falsificar un documento para justificar el despido de un trabajador de la empresa, un delito por el que la Fiscalía le pide dos años de cárcel. El Ministerio Fiscal pide esta pena por un delito de estafa procesal, ya que el documento, redactado con posterioridad al despido, fue presentado en el pleito que el trabajador mantenía con la empresa por esa razón. El trabajador reclamaba a la empresa una indemnización de 562,80 euros.
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