El TJUE concluye que la persona afectada debería haber cobrado 60.101 euros en lugar de 10.500 porque todos los trabajadores tienen derecho a las mismas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también los que están subcontratados, como era en este caso mediante Randstad. Por ello “se opone” a la “jurisprudencia nacional” según la cual la indemnización “es de un importe inferior” para los trabajadores de ETT que para trabajadores en la misma situación pero contratados directamente por la empresa usuaria.
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