Varapalo judicial contra España. El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha sentenciado este mismo viernes que el Estado español no puede ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de España que condenó en 2016 al consorcio asegurador del Prestige a pagar 855 millones de euros por el desastre medioambiental causado en las costas de Galicia en 2002 tras partirse en dos. De esta manera, impide a España el cobro de la multa millonaria.
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