Las reformas legales y las nuevas medidas esbozadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para atajar la violencia callejera encuentran una fuerte contestación en la mayoría de los juristas consultados. La pretensión de que la resistencia pasiva sea elevada a atentado contra la autoridad estaría "radicalmente injustificada. "Desde el punto de vista de la proporcionalidad sería un disparate equiparar la resistencia pasiva a la activa".
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