Consideran que las protestas contra cargos públicos en sus domicilios sí tienen recorrido jurídico en el ámbito del derecho al honor por los insultos recibidos. Ocho parlamentarios del PP dicen haber sufrido en el ámbito privado las protestas de los afectados por las hipotecas. Hasta ahora, dos han hecho públicas sus denuncias.
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