La decisión de la Junta de llevar al Parlamento el polémico Decreto Ley 5/2010 sobre la reordenación del sector público ha permitido incluir en una ley las propuestas ya conocidas de CCOO y UGT, pero sin embargo, ni ha revestido de consenso parlamentario a la ley como propuso la propia Junta -el PSOE sólo aceptó 13 enmiendas de IU avaladas por estos sindicatos; ninguna al PP- ni ha mermado un ápice la conflictividad social entre los funcionarios. Funcionarios protestarón a las puertas del Parlamento contra la reforma del sector público.
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