La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León es un paso con el que el gobierno castellano-leonés se autoriza a si mismo el derecho de pernada sobre cualquier espacio protegido o no de Castilla y León. Si decide que un proyecto es bueno para el desarrollo de una comarca lo sacará adelante por encima de cualquier otra ley que proteja ese territorio. Es decir, "YO SOY LA LEY". La única posibilidad es recurrir al constitucional, y sólo lo pueden hacer el defensor del pueblo o 50 diputados de las Cortes Nacionales.
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