La Junta estima que concedió de manera irregular 85 millones en ayudas directas a empresas y falsas prejubilaciones gracias al fondo para compañías en crisis que subvencionó los ERE (expedientes de regulación de empleo) entre 2001 y 2010. La cifra incluye 73,8 millones que el Gobierno andaluz reclama ahora a través de 189 procedimientos de reintegro a las empresas y 11,2 millones dados ilegalmente a los 126 intrusos (personas que nunca trabajaron en las firmas beneficiadas).
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