(...) La magistrada Mercedes Alaya destaca que se enteró por los medios de la negativa del Gobierno a entregarle las actas, argumenta en su escrito que las quiere porque al margen de la "indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a los falsos prejubilados, se investiga también si miembros del Ejecutivo andaluz utilizaron el fondo para pagar ERE, dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, a sabiendas de que el sistema elegido para su distribución era ilegal. Es decir, si miembros del Gobierno prevaricaron...
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