La magistrada rechazó una y otra vez su excarcelación y le fijó una fianza de casi 80 millones de euros. Su labor judicial resultó polémica en la instrucción del juicio a los políticos catalanes, al mayor Trapero, a los detenidos de Alsasua y en el archivo del almacén Castor. Pese a esas polémicas, Lamela fue nombrada magistrada de lo Penal del Tribunal Supremo, donde juró su cargo en noviembre del 2018.
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