El juez Rafael Tirado, a quien el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación por su posible responsabilidad en el hecho de que el presunto asesino de Mari Luz Cortés estuviera indebidamente en libertad, ya fue sancionado por el CGPJ en 1995 por su "desidia" en la tramitación de un asunto cuando estaba destinado en el Juzgado de Lora del Río (Sevilla).
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