Tras una denuncia de la compañía Braidwood, una empresa de propiedad cristiana, el Departamento de Salud y Servicios Sociales, encabezado por Xavier Becerra, el juez federal Reed O'Connor estimó que la norma "viola las creencias religiosas". Mitchell ha argumentado que la cobertura obligatoria de esos medicamentos obliga a los cristianos a subsidiar el "comportamiento homosexual", ya que son tomados principalmente por hombres que tienen sexo con hombres.
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