La trama creó cuatro empresas "aparentemente independientes" con otros administradores para dividir los contratos públicos y llevárselos sin concurso. Los cohechos que se pagaban a los políticos se generaban por costes inexistentes en los contratos, saliendo también de las arcas públicas. Correa era el dueño de estas cuatro empresas oculto a través de testaferros y sociedades interpuestas.
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