El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, habrá de volver al juzgado el 20 de febrero para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación. Con ésta serán dos las ocasiones en las que, en apenas tres meses, el dirigente del PP habrá de responder por sus decisiones urbanísticas al frente del Consistorio oropesino. La nueva imputación surge del intento de legalización de un edificio de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo calificado como cámping y aprobado en la legislatura 1999-2003.
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