La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden ya a 136 millones. La cifra aglutina los 50 millones desviados por las sobrecomisiones, según la Guardia Civil, las ayudas a empresas por 73,8 millones que concedió la Junta de Andalucía y los 12,3 millones que percibieron 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas).
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