El Consejo General del Poder Judicial tendrá que pronunciarse sobre la actuación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que el pasado 26 de agosto puso en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, lo que finalmente fue determinante para que la terrorista se fugara.La denuncia precisa que el hecho ha causado una "gravísima alarma social con amplio eco en los diversos medios de comunicación" y destaca que la situación "pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados"
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