Mercedes Alaya, titular del juzgado que investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo, reitera que sigue sin recibir material que solicitó al Gobierno regional, y sospecha sobre la veracidad de la documentación que ya ha recibido de la Junta. Califica la documentación como papeles inconexos, notas manuscritas y post-it.
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