El juez hizo pública la sentencia en la que le recuerda que ese mismo hecho hubiese sido castigado por las leyes de la II República que él proclama con una pena de entre seis meses y un día a ocho años de cárcel y no con una sanción económica. El juez admite que a la hora de imponer la multa ha tenido en cuenta los ingresos que el condenado cobra con cargo al Erario Público como alcalde y recuerda que debe su cargo a la legitimidad de origen derivada de forma mediata del actual sistema de Monarquía.
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