La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido información sobre las cuentas con las que operan siete federaciones de UGT y CCOO en Andalucía y en la CAV, y sobre los productos contratados por familiares de Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y del ‘conseguidor’ Juan Lanzas.La juez ha emprendido esta investigación tras un atestado de la Guardia Civil, según el cual, los intermediarios en los ERE cobraron a la Junta andaluza sobrecomisiones que ascendieron a 18.065.630 euros,...
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