La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, se ha posicionado junto al juez José Castro, instructor del caso Nóos que imputó a la infanta Cristina, al expresar su preocupación por “los ataques personales” contra magistrados. Su crítica llega después de las denuncias de otras asociaciones del sector: Jueces para la Democracia y la Francisco de Vitoria, tras el último escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach en el que éste aseguraba que el magistrado se apoyó en “teorías conspiratorias”.
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