Avisa de que seguir "la línea de la porra" y del exministro Jaime Mayor Oreja puede llevar al Gobierno ante los tribunales internacionales por vulnerar el derecho de la información. A su juicio, lo que debe hacer el Gobierno es investigar los incidentes que puedan producirse en una manifestación, pero tratar de prohibir que se difundan imágenes de cargas policiales no es más que un intento por "tapar una realidad" que enmarca en una línea de criminalización de las manifestaciones.
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