En la última convocatoria de ayudas que ha sido aprobada hoy se incluyen el edificio del Teatro Cervantes y el edificio de Banesto y otros, en los que no es necesario explicar su ánimo de lucro y su capacidad económica. Por tanto, "al ser personas jurídicas con evidente ánimo de lucro y suficiente capacidad económica constituye una acción de gobierno manifiestamente ilegal", sostiene Diego Cervantes.
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