Izquierda Unida (IU) ha propuesto que ninguna persona que ocupe un cargo público, ya sea en la Administración central o en la autonómica o municipal, pueda cobrar un salario superior al que percibe el presidente del Gobierno, que es de 78.185 euros brutos al año tras el recorte acordado hace unos meses para recortar el gasto público. Ese límite máximo también se aplicaría a la Casa Real y a los cargos de los partidos políticos, sindicatos, Iglesia Católica y otras confesiones religiosas y a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro.
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