Con la crisis, denuncia la Asociación de Usuarios de los Registros Públicos, los registradores "están compensando la reducción de ingresos mediante el fraude arancelario". Es decir, cobrando a los clientes un sobrecoste en diferentes gestiones. E incluso, facturando por tareas inherentes a su trabajo y que "no están sujetas a aranceles", apuntan desde IU.
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