¿Qué ocurriría si un Ayuntamiento pudiese clausurar un programa de radio, o la propia emisora, por considerar a su libre arbitrio que retransmite un anuncio con publicidad engañosa? ¿O vetar un programa de Televisión (o incluso cerrar la cadena de TV) porque un contertulio emite opiniones que atacan el honor de determinadas personas?. Pues esto es lo que pretende la reforma de la LSSI, pero en Internet. Esto es lo que está provocando serios debates tanto en los entornos jurídicos como en los técnicos y las comunidades internautas.
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