El boicoteo de ciertas autonomías a la ley del aborto obedece a la estrategia, cada vez más extendida, de oposición activa al Gobierno. La rentabilidad política juega contra el interés del ciudadano. "Algunos presidentes autonómicos quieren mantener a la vez la irresponsabilidad de estar en la oposición y la repercusión política y pública de ostentar su cargo. Se ha perdido la vieja idea del interés general", asegura Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas. La ley del aborto es el caso más claro de esa estrategia
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