Su propuesta es permitir que los contribuyentes se puedan desgravar en su Declaración de Renta una parte de lo pagado al dentista, el fontanero, el servicio doméstico y toda una serie de profesionales proveedores de servicios en los que se sospecha que existe un nivel relevante de fraude o que el sistema no lo previene eficazmente. Aquí entrarían determinados servicios médicos prestados al margen del sistema sanitario público (dentistas, protésicos, fisioterapeutas...), los profesionales del sector de las reparaciones domésticas...
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