El caso de M., residente en el Estado español desde 2004 y que pide el anonimato, ilustra el doble rasero gubernamental respeto de la población inmigrante, en concreto en lo relativo a la violencia de género. Según Amnistía Internacional (AI), esta desigualdad afecta especialmente a las inmigrantes ‘sin papeles’ y a las que obtuvieron el permiso de residencia por reagrupación familiar con un marido que resultó ser un maltratador.
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