Aunque sigue siendo formalmente ilegal, las aclaraciones de la fiscalía significan en la práctica que una persona que ayude a suicidarse a un enfermo terminal no será procesada siempre que actúe de buena fe, sin ánimo de lucro, y el suicida sufra una enfermedad degenerativa grave e irreversible y haya tomado la decisión de manera consciente y sin presiones. La modificación de las directrices afectan a Inglaterra y Gales, pero no a Escocia e Irlanda del Norte
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