La campaña de difamación y desprestigio de los docentes en el caso de la Comunidad de Madrid es claramente intencionada y posee una doble función: allanar el camino al cambio de sistema de acceso a la docencia que las comunidades están intentando implantar en la actualidad –que expulsará a gran parte del profesorado interino que desde hace años trabaja en ellas–; y con ello, facilitar la entrada en vigor de uno de los mayores disparates de la LOMCE: la selección del docente a dedo por el partido de turno.
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