Un nuevo informe presentado por el Centro para la Integridad Pública (Center for Public Integrity) ha concluido que las entidades de crédito que contribuyeron a la crisis inmobiliaria autorizando hipotecas de alto riesgo, están ahora esperando recibir más de 21.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes, destinado a ayudar a los prestatarios.
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