¿Cuáles fueron las partidas de gasto más significativas de las comunidades autónomas en 2010? ¿A cuánto asciende la deuda global de las Consejerías de Educación en España? ¿Cuál es el número de militares que han resultado heridos en los últimos cinco años? Quizá la respuesta a estas preguntas les parezca información privilegiada. No debería serlo. Al menos si se atiende a la práctica internacional en materia de transparencia administrativa y a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos.
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