Las mismas personas que se oponen a cualquier método de anticoncepción y, por último y sobre todo, a la interrupción del embarazo, acto que comparan con el holocausto, argumentan que la solución está en la educación. Cuando llega el momento de poner en práctica esa educación sexual, también se niegan. La criminalización que se hace de la educación sexual constituye un auténtico atentado contra la salud pública. Estamos obligados a aportar toda la protección que podamos a los jóvenes que no escogen la castidad como forma de vida.
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