Entra dentro de la normalidad democrática que los ciudadanos muestren su desacuerdo con determinadas decisiones gubernamentales, y es legítimo que a menudo expresen esta discrepancia con acciones que aspiran a la amplificación mediática. No es infrecuente, incluso, que esta actitud pueda llevar a alteraciones ocasionales del orden público. Estas alteraciones no favorecen la convivencia y, en general, no suelen aportar ninguna idea verdaderamente alternativa; en todo caso, también están previstas por las reglas del juego...
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