Ambos son profesores de academia y tomaron la decisión de controlar personalmente la formación de sus hijos el pasado enero. Entonces recibieron una carta del Inspector de Educación de Gipuzkoa en la que les instaba a devolver a los niños a su centro educativo y les amenazaba con denunciarlos si no lo hacían antes del presente curso, pero ellos optaron por mantenerse firmes en sus convicciones ante lo que consideran un derecho legítimo de cualquier padre.
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