El secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Carlos Arce, tendrá que declarar el próximo mes de enero en los juzgados tras la presentación de varias querellas por posible delito de prevaricación tras el bloqueo de 30.000 expedientes en la Comunidad Valenciana (180.000 en el conjunto de España) y la cesión de una parte de las gestiones de este organismo público al grupo Tragsa por las que abonará 3,5 millones.
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